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Leona Vicario: Pioneer of the Mexican Feminist Movement

April 17, 2026 — Enrique Benet-Gregg

Historical and Juridical Context: Leona Vicario and the Early Assertion of Women’s Rights

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador—known to history simply as Leona Vicario—occupies a singular position at the intersection of Mexican constitutional thought and the early articulation of women’s rights. Born in Mexico City on April 10, 1789, and deceased on August 21, 1842, her contributions to the independence movement were not merely logistical or financial: they represented, in juridical terms, the earliest documented assertion by a Mexican woman of civil autonomy, property rights, and political agency in defiance of a legal order that systematically denied all three.

Legal Status of Women in Late Colonial Mexico

While the Siete Partidas (Alfonso X, c. 1265) provided the foundational doctrinal underpinning for Castilian legal thinking on personal status and marital authority, the operative colonial legal framework in New Spain at the time of Vicario’s actions in 1813 was principally the Compilation of Laws of the Kingdoms of the Indies (1681) and the broader corpus of Castilian pragmatics and royal decrees, with the Newest Compilation of the Laws of Spain (1805) having substantially superseded the Partidas in direct Castilian application. Under these instruments, women were subject to marital authority and paternal authority, rendering them legally incapable of entering contracts, managing property, or engaging in public affairs without male authorization. Vicario, as a wealthy criolla and ward of her uncle Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, operated within these constraints until her conscious decision to redirect her inheritance and social capital toward the insurgent cause—an act that, measured against the legal framework of 1813, constituted both civil disobedience and a challenge to the gendered structure of colonial legal personhood.

While contemporary feminist legal theory retroactively frames Vicario’s conduct in rights-based terms—characterizing it as a proto-feminist assertion of civil autonomy—historians including Carmen Ramos Escandón caution against projecting modern categories onto actors whose self-conception was shaped by republican patriotism rather than gender consciousness. This historiographical caution does not diminish the juridical significance of Vicario’s actions; it does, however, require that legal analysis distinguish between what the historical record documents and what subsequent normative frameworks have retrospectively attributed to it.

From Colonial Exclusion to Contemporary Compliance: An Analytical Bridge

Las secciones que siguen trazan una línea de continuidad normativa — desde las exclusiones coloniales que Vicario desafió, pasando por las reformas constitucionales que comenzaron a desmantelar esas exclusiones en el siglo veinte, hasta las obligaciones de cumplimiento que ahora vinculan a los empleadores mexicanos como cuestión de derecho exigible. Esta metodología no es meramente conmemorativa. Establece que la arquitectura legal que rige la igualdad de género en México hoy es el producto de una lucha contestada e incremental, cuyos orígenes se localizan apropiadamente en la experiencia jurídica vivida de figuras tales como Vicario. Comprender esa genealogía es esencial para cualquier profesional del derecho u oficial de cumplimiento que busque interpretar las obligaciones vigentes en su profundidad normativa completa.

Su Legado en la Arquitectura del Derecho Mexicano

El derecho laboral y social mexicano contemporáneo refleja una evolución lenta pero trazable desde las exclusiones que Vicario cuestionó. Los siguientes instrumentos son directamente relevantes para comprender cómo su lucha histórica se conecta con las normas legales vigentes:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, tercer párrafo, ordena la no discriminación por razones de sexo, mientras que el artículo 4 establece la igualdad formal de hombres y mujeres ante la ley — un principio que requirió más de un siglo de lucha legislativa y judicial después de la muerte de Vicario para ser constitucionalizado.
La Ley Federal del Trabajo (LFT), artículos 3 y 86, prohíben la discriminación salarial basada en género y consagran la igualdad de remuneración por trabajo igual, traduciendo en derecho laboral la igualdad que la generación de Vicario solo podía exigir en términos políticos. De manera crítica, como fue enmendada por la Reforma Laboral 2019 (D.O.F. 1 de mayo de 2019), los artículos 387 y 390 de la LFT ahora requieren que los contratos colectivos de trabajo incluyan cláusulas específicas de igualdad de género y no discriminación. Esta es una obligación de cumplimiento directo y exigible que afecta a cualquier empleador que opera en un ambiente sindicalizado, y el incumplimiento de incorporar tales cláusulas en contratos colectivos revisados o recientemente negociados expone a los empleadores a un desafío legal bajo el nuevo marco de democracia sindical.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (D.O.F. 2 de agosto de 2006), artículos 12 y 17, asignan al gobierno federal y al Sistema Nacional para la Igualdad la obligación de diseñar políticas que eliminen la discriminación estructural — un mandato cuya genealogía intelectual corre directamente a través de figuras como Vicario.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (D.O.F. 1 de febrero de 2007), artículo 5, define violencia institucional en términos que habrían abarcado la detención forzada y el secuestro de bienes que Vicario sufrió a manos de las autoridades coloniales en 1813.
A nivel estatal, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, artículos 4 y 7, obligan a las autoridades estatales a garantizar la igualdad sustantiva y eliminar prácticas discriminatorias en todas las esferas públicas y privadas.

Reconocimiento Judicial y Criterios de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado progresivamente una doctrina robusta sobre igualdad de género y no discriminación, fundamentando obligaciones vinculantes en precedente específico e identificable. De particular autoridad doctrinal es Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), en la cual la Primera Sala sostuvo que todos los órganos jurisdiccionales están obligados a analizar los casos desde una perspectiva de género, identificando desigualdades estructurales y asimetrías de poder que distorsionan la aplicación de reglas legales formalmente neutrales. Esta tesis de jurisprudencia es vinculante para todos los tribunales y órganos inferiores y establece la línea de base metodológica para adjudicación sensible al género en procedimientos civiles, laborales y familiares. Igualmente significativo es el Amparo Directo en Revisión 1754/2015, en el cual la Primera Sala aplicó perspectiva de género para evaluar estándares probatorios y la credibilidad del testimonio en un contexto de violencia basada en género, demostrando que la doctrina tiene consecuencias concretas y determinantes en litigio controvertido más que meramente efecto institucional o aspiracional.

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Corte (actualizado 2020) institucionaliza estos estándares, requiriendo que los jueces identifiquen asimetrías de poder y desventajas históricas que distorsionan la igualdad formal. Esta doctrina, aunque contemporánea en su formulación, aborda las barreras estructurales precisas que Vicario enfrentó y desafió. Para litigantes y abogados que comparecen ante cortes mexicanas, la familiaridad con las tesis vinculantes y el Protocolo no es opcional: es un requisito previo para representación competente en cualquier procedimiento con una dimensión de género.

Relevancia Práctica para Inversionistas y Empresarios

For businesses operating in Quintana Roo and across Mexico, compliance with gender equality obligations is no longer merely aspirational. Employers must address psychosocial risk factors in the workplace under NOM-035-STPS-2018 (Psychosocial Risk Factors at Work, D.O.F. October 23, 2018), which, while not a gender equality certification instrument in its primary scope, is operationally relevant insofar as the psychosocial risks it governs — including workplace violence and organizational dysfunction — disproportionately affect women and intersect with the equality obligations arising under other instruments. NOM-035 should therefore be understood as a complementary standard addressing the psychosocial dimension of a broader equality compliance framework, not as a substitute for dedicated gender equality measures.

The operationally relevant standard for conditions of equal opportunity in the workplace is NOM-025-STPS-2008 (Conditions of Gender Equality and Non-Discrimination in Workplaces), which establishes baseline requirements for non-discriminatory workplace practices and should be read in conjunction with the voluntary certification framework described below.

Companies with more than 50 employees that seek public sector contracts or the Distintivo Empresa Incluyente are subject to certification under the Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 on labor equality and non-discrimination. It should be noted that the NMX is a voluntary Mexican Standard and does not, by operation of law, impose a mandatory certification obligation on all employers above that threshold. However, voluntary adoption is strongly advisable given the significant ESG, procurement, and reputational implications: international investors and public procurement authorities increasingly treat NMX-R-025 certification as an indicator of institutional governance quality, and non-certified companies seeking government contracts may face a structural competitive disadvantage. Separately, non-compliance with the enforceable equality obligations under the LFT and general equality laws exposes corporate entities to administrative sanctions under LFT Article 994, as well as the collective bargaining consequences described above.

Conclusion

Leona Vicario did not merely support a political cause. Operating within — and against — a colonial legal order whose primary instruments in New Spain were the Compilation of Laws of the Kingdoms of the Indies and the Castilian pragmatics that shaped the doctrine of marital authority, she exercised rights to property, association, and political expression that would not be formally recognized for Mexican women for over a century. While we must resist the anachronism of attributing to her a modern gender consciousness she did not necessarily claim, the juridical significance of her conduct — measured against the law of her time — is unambiguous and historically documented. Her legacy is embedded in the constitutional and legislative framework that governs Mexican labor and social relations today, from the constitutional equality guarantee of Article 4 to the binding gender perspective jurisprudence of the SCJN and the gender equality clauses now mandatory in collective bargaining agreements. Understanding this historical dimension is not academic sentimentality — it is essential context for any legal practitioner or business leader navigating Mexico’s evolving equality obligations.

IBG Legal’s labor practice advises employers in Quintana Roo and nationally on NMX-R-025 certification, gender equality plan implementation, NOM-035 and NOM-025 compliance, and SCJN gender perspective doctrine in contested proceedings. Our team assists unionized employers in reviewing and renegotiating collective bargaining agreements to incorporate the mandatory equality and non-discrimination clauses required under the 2019 Labor Reform, and advises on exposure to LFT Article 994 sanctions in administrative enforcement proceedings. Contact our Cancún or Mexico City offices to assess your organization’s exposure under current LFT and equality legislation.

Sources and References

Political Constitution of the United Mexican States, Articles 1 (third paragraph), 4. D.O.F. February 5, 1917, as amended.
Federal Labor Law, Articles 3, 86, 387, 390, 994. D.O.F. April 1, 1970, as amended by Decreto D.O.F. May 1, 2019 (Labor Reform 2019).
General Law for Equality between Women and Men, Articles 12, 17. D.O.F. August 2, 2006.
General Law on Women’s Access to a Life Free of Violence, Article 5. D.O.F. February 1, 2007.
Law for Equality between Women and Men of the State of Quintana Roo, Articles 4, 7. P.O. November 29, 2013.
NOM-035-STPS-2018, Psychosocial Risk Factors at Work — Identification, Analysis and Prevention. D.O.F. October 23, 2018. [Cited for its intersection with psychosocial risks disproportionately affecting women; not a gender equality certification instrument.]
NOM-025-STPS-2008, Conditions of Gender Equality and Non-Discrimination in Workplaces. D.O.F. November 2008.
Mexican Standard NMX-R-025-SCFI-2015 on Labor Equality and Non-Discrimination. D.O.F. June 8, 2015. [Voluntary standard; mandatory certification applies where public procurement or Distintivo Empresa Incluyente recognition is sought.]
Supreme Court of Justice of the Nation, Thesis 1a./J. 22/2016 (10a.), Access to Justice under Conditions of Equality — Gender Perspective, Tenth Epoch, First Chamber, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Supreme Court of Justice of the Nation, Direct Amparo in Review 1754/2015, First Chamber, resolution relating to gender perspective in evidence assessment and gender-based violence.
Supreme Court of Justice of the Nation, Protocol for Judging with a Gender Perspective, second edition, SCJN, Mexico, 2020.
Hernández Chávez, Alicia, Leona Vicario: The Insurgent, Clío, Mexico, 1998. [Note: Readers are advised to verify the full bibliographic entry against the Biblioteca Nacional de México catalog, including ISBN or OCLC number, given the possibility of conflation with other Vicario biographical works published in the same period.]
Ramos Escandón, Carmen, Gender and History: Historiography on Women, Instituto Mora / UAM, Mexico, 1992.
Siete Partidas (Alfonso X el Sabio, Castile, c. 1265), Part IV, Title II. [Foundational doctrinal source; operative colonial law in New Spain was principally the Compilation of Laws of the Kingdoms of the Indies (1681) and Castilian pragmatics, with the Newest Compilation of the Laws of Spain (1805) having substantially superseded the Partidas in direct Castilian application.]
Compilation of Laws of the Kingdoms of the Indies (1681), primary colonial legal instrument governing New Spain.
Newest Compilation of the Laws of Spain (1805), superseding instrument for Castilian law application.

Between 1813 and 1814, Leona Vicario used her personal fortune to finance the purchase of weapons for the troops of Andrés Quintana Roo and José María Morelos. She also facilitated the escape of three royal armorers to the insurgent ranks. Arrested by the Inquisition in 1814, she was confined to the Colegio de Belén. Her subsequent escape, orchestrated by insurgent supporters, definitively sealed her commitment.

What is legally remarkable is that, according to historiographical analyses based on documents preserved in the Archivo General de la Nación (AGN, Ramo Inquisición, vol. 1490), Vicario adopted during her trial a posture of personal claim to her acts, presenting her choices as the expression of her own conviction and not merely male influence — an interpretation developed notably by Anna Macías (1982) and Virginia Guedea in her works on insurgent networks. This historiographical reading, which must be distinguished from an autonomous legal finding, suggests a break with the doctrine of obediencia debida that allowed women to invoke marital constraint to exclude their responsibility. This autonomous position prefigured the recognition of full legal capacity of women, which would be affirmed by successive stages during the following centuries.

The intermediate normative milestones: from 1814 to 1953

Between 1814 and 1953, several normative milestones progressively eroded the female incapacity enshrined in colonial law. The Civil Code of 1870, and then that of 1884, maintained in broad outline the legal subordination of married women, while initiating a secular codification of family law. The Ley sobre Relaciones Familiales of 1917 constituted a decisive break by suppressing absolute potestad marital, freeing married women from some of the most severe constraints inherited from the colonial regime. The Federal Civil Code of 1928, which entered into force in 1932, took a further step by recognizing married women the capacity to contract and sue in court without marital authorization in an increasing number of matters. This cumulative process resulted in the constitutional reform enshrining universal female suffrage, formally published in the Diario Oficial de la Federación on October 17, 1953, by which article 34 of the Constitution was amended. Female suffrage at the federal level became effective in the 1955 legislative elections, the first federal elections following the reform where women voted in practice, thus marking the culmination of a normative cycle begun in the first decades of the nineteenth century.

Constitutional and legislative heritage

The trajectory of Leona Vicario resonates directly with the contemporary Mexican normative framework regarding social rights and equality:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, article 4, paragraph 1: “Men and women are equal before the law.” This provision, in its current formulation resulting from the 1974 reform, constitutes the pillar of substantive equality.
Ley Federal del Trabajo, article 3: expressly prohibits any discrimination based on sex in labor relations.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), articles 1 and 17: establishes the foundations of the National System for Equality, whose principles are in historical continuity with the struggle of figures such as Vicario.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), article 5: defines institutional and structural violence against women, categories that the experience of Vicario allows us to illustrate retrospectively.

The Suprema Corte de Justicia de la Nación has consolidated the principle of substantive equality as opposed to formal equality, notably through the perspectiva de género enshrined as a mandatory method of legal analysis. Among the most structuring jurisprudential references is the Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), published in the Semanario Judicial de la Federación, which establishes perspectiva de género as a judicial obligation applicable to all authorities, as well as the amparo directo en revisión 1464/2013 of the Primera Sala, a landmark ruling establishing the obligation to integrate this perspective in the interpretation of fundamental rights. These criteria are now reinforced by the Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género of the SCJN (2020 edition), applicable to all judicial authorities in the country.

This normative heritage is not merely an object of academic study: it produces direct legal effects on any entity employing workers in Mexico, including foreign investors active in Quintana Roo, as illustrated by the following framework.

Relevance for investors and entrepreneurs operating on the Riviera Maya

For IBG Legal clients active in the real estate, hotel, and commercial sectors in Quintana Roo, the practical dimension of this legacy is concrete. The State of Quintana Roo applies the Law on Access of Women to a Life Free of Violence of the State of Quintana Roo, whose article 6 imposes specific and operational obligations on employers regarding the prevention of gender-based violence. By way of non-exhaustive illustration, these obligations include in particular:

The obligation to post the internal remedies available to victims of violence or harassment in all workspaces accessible to personnel;
The establishment of an internal harassment prevention protocol, in coordination with NOM-035-STPS-2018 regarding psychosocial risk factors in the workplace, which requires a diagnosis of breaches to a favorable organizational environment and documented corrective measures;
The designation of an equality officer or a focal point responsible for receiving reports, ensuring follow-up of internal procedures, and guaranteeing the confidentiality of complainants;
A specific risk in the event of inspection by the Labor Inspectorate of Quintana Roo: the absence of a formalized protocol or register of preventive actions may constitute a sanctionable breach, capable of generating administrative proceedings and aggravating the employer’s liability in any subsequent proceedings before conciliation and arbitration bodies.

Any operation employing local personnel — from the hotel complex to the secondary residence with service staff — is subject to this normative framework integrated into the Federal Labor Law through complementarity. Disregarding this framework exposes the employer to proceedings before the Local Board of Conciliation and Arbitration of Quintana Roo and, since the 2019 reform, before the competent Labor Conciliation Center, with risks of amplified sanctions when systemic discrimination is established.

Conclusion

Leona Vicario is not merely a patriotic symbol; she is the embodiment of a legal rupture with a colonial order founded on female incapacity. Her actions prefigure an architecture of rights that Mexico took two centuries to formalize — through successive stages, from the Law on Family Relations of 1917 to the Federal Civil Code of 1928, through to the constitutional reforms of the second half of the twentieth century — and which continues to evolve through the jurisprudence of the SCJN and legislative reforms concerning parity, gender-based violence, and substantive equality. Understanding this legacy means understanding the profound logic of contemporary Mexican social law.

Sources and References

Political Constitution of the United Mexican States, article 4 (1974 reform) and article 34 (1953 reform)
Federal Labor Law, Official Journal of the Federation, last reformed 2019, articles 2, 3, and 133
General Law for Equality between Women and Men, DOF August 2, 2006, articles 1, 17, and 36
General Law on Access of Women to a Life Free of Violence, DOF February 1, 2007, articles 5 and 18
Law on Access of Women to a Life Free of Violence of the State of Quintana Roo, Official Gazette of the State, article 6
NOM-035-STPS-2018, Psychosocial Risk Factors in the Workplace — Identification, Analysis, and Prevention, DOF October 23, 2018
Protocol for Judging with a Gender Perspective, Supreme Court of Justice of the Nation, 2020 edition
Thesis 1a./J. 22/2016 (10a.), First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation, Judicial Weekly of the Federation, gender perspective as a judicial obligation
Direct Amparo in Review 1464/2013, First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation, landmark ruling on the integration of gender perspective in the interpretation of fundamental rights
Lucas Alamán, History of Mexico, vol. III, Editorial Jus, Mexico, 1942 (primary historiographic reference)
Ernesto Lemoine Villicaña, Morelos: His Revolutionary Life Through His Writings and Other Testimonies of the Era, UNAM, 1965
Anna Macías, Against All Odds: The Feminist Movement in Mexico to 1940, Greenwood Press, 1982
Virginia Guedea, “The First Popular Elections in Mexico City, 1812-1813,” Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 7, no. 1, 1991 (political context in which Vicario operated)
General Archive of the Nation, Inquisition Section, vol. 1490 (partially preserved records of Leona Vicario’s trial)

IBG Legal is a specialized boutique firm in business law, labor law, and foreign investment, advising international clients active on the Riviera Maya and throughout Mexico. For a compliance audit of your obligations regarding equality and the prevention of gender-based violence, contact our team in Cancun.

Contexte Historique et Juridique : Leona Vicario et la Première Affirmation des Droits des Femmes

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador — connue dans l’histoire simplement sous le nom de Leona Vicario — occupe une position singulière à l’intersection de la pensée constitutionnelle mexicaine et de l’articulation précoce des droits des femmes. Née à Mexico le 10 avril 1789 et décédée le 21 août 1842, ses contributions au mouvement d’indépendance n’étaient pas purement logistiques ou financières : elles représentaient, en termes juridiques, la première affirmation documentée par une femme mexicaine de l’autonomie civile, des droits de propriété et de l’agentivité politique en défi d’un ordre juridique qui niait systématiquement tous trois.

Statut Juridique des Femmes au Mexique Colonial Tardif

Bien que les Siete Partidas (Alphonse X, c. 1265) aient fourni le fondement doctrinal pour la pensée juridique castillane sur le statut personnel et la potestad marital, le cadre juridique colonial opérationnel en Nouvelle-Espagne au moment des actions de Vicario en 1813 était principalement la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias (1681) et le corpus plus large des pragmatiques castillanes et des cédules royales, la Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805) ayant largement supplanté les Partidas dans l’application castillane directe. Selon ces instruments, les femmes étaient soumises à la potestad marital et à la patria potestad, les rendant juridiquement incapables de conclure des contrats, de gérer des biens ou de s’engager dans les affaires publiques sans autorisation masculine. Vicario, en tant que criolla aisée et pupille de son oncle Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, opérait dans ces contraintes jusqu’à sa décision consciente de rediriger son héritage et son capital social vers la cause insurgente — un acte qui, mesuré par rapport au cadre juridique de 1813, constituait à la fois une désobéissance civile et un défi à la structure genrée de la personnalité juridique coloniale.

Bien que la théorie juridique féministe contemporaine caractérise rétroactivement la conduite de Vicario en termes de droits — la caractérisant comme une affirmation proto-féministe de l’autonomie civile — les historiens, notamment Carmen Ramos Escandón, mettent en garde contre la projection de catégories modernes sur des acteurs dont l’auto-conception était façonnée par le patriotisme républicain plutôt que par la conscience de genre. Cette prudence historiographique ne diminue pas la signification juridique des actions de Vicario ; elle exige cependant que l’analyse juridique distingue entre ce que le dossier historique documente et ce que les cadres normatifs ultérieurs y ont rétroactivement attribué.

De l’Exclusion Coloniale à la Conformité Contemporaine : Un Pont Analytique

Les sections suivantes tracent une ligne de continuité normative — des exclusions coloniales que Vicario a défiées, en passant par les réformes constitutionnelles qui ont commencé à démanteler ces exclusions au vingtième siècle, jusqu’aux obligations de conformité qui lient désormais les employeurs mexicains en vertu du droit exécutoire. Cette méthodologie n’est pas simplement commémorative. Elle établit que l’architecture juridique régissant l’égalité des sexes au Mexique aujourd’hui est le produit d’une lutte contestée et progressive, dont les origines se situent correctement dans l’expérience juridique vécue de figures telles que Vicario. Comprendre cette généalogie est essentiel pour tout praticien du droit ou agent de conformité cherchant à interpréter les obligations actuelles dans toute leur profondeur normative.

Son héritage dans l’architecture du droit mexicain

Le droit du travail et le droit social mexicains contemporains reflètent une évolution lente mais traçable des exclusions que Vicario a contestées. Les instruments suivants sont directement pertinents pour comprendre comment sa lutte historique se connecte aux normes juridiques actuelles :

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, article 1, troisième paragraphe, impose la non-discrimination fondée sur le sexe, tandis que l’article 4 établit l’égalité formelle des hommes et des femmes devant la loi — un principe qui a exigé plus d’un siècle de lutte législative et judiciaire après la mort de Vicario pour être constitutionnalisé.
La Ley Federal del Trabajo (LFT), articles 3 et 86, interdisent la discrimination salariale fondée sur le sexe et consacrent l’égalité des salaires pour un travail égal, traduisant en droit du travail l’égalité que la génération de Vicario ne pouvait que revendiquer en termes politiques. De manière critique, telle que modifiée par la Reforma Laboral 2019 (D.O.F. 1er mai 2019), les articles 387 et 390 de la LFT exigent désormais que les conventions collectives incluent des clauses spécifiques d’égalité des sexes et de non-discrimination. Il s’agit d’une obligation de conformité directe et exécutoire affectant tout employeur opérant dans un environnement syndiqué, et le défaut d’incorporer de telles clauses dans les conventions collectives révisées ou nouvellement négociées expose les employeurs à une contestation judiciaire en vertu du nouveau cadre de démocratie syndicale.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (D.O.F. 2 août 2006), articles 12 et 17, assignent au gouvernement fédéral et au Sistema Nacional para la Igualdad l’obligation de concevoir des politiques éliminant la discrimination structurelle — un mandat dont la généalogie intellectuelle s’étend directement à travers des figures telles que Vicario.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (D.O.F. 1er février 2007), article 5, définit la violencia institucional en des termes qui auraient englobé la détention forcée et la saisie de biens dont Vicario a souffert aux mains des autorités coloniales en 1813.
Au niveau de l’État, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, articles 4 et 7, obligent les autorités de l’État à garantir l’égalité substantielle et à éliminer les pratiques discriminatoires dans toutes les sphères publiques et privées.

Reconnaissance judiciaire et critères de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a progressivement développé une doctrine robuste sur l’égalité des sexes et la non-discrimination, fondant les obligations contraignantes sur des précédents spécifiques et identifiables. D’une autorité doctrinale particulière est la Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), dans laquelle la Première Chambre a tenu que tous les organes judiciaires sont obligés d’analyser les cas sous une perspective de genre, identifiant les inégalités structurelles et les asymétries de pouvoir qui déforment l’application des règles juridiques formellement neutres. Cette tesis de jurisprudencia est contraignante pour tous les tribunaux inférieurs et établit la ligne de base méthodologique pour l’adjudication sensible au genre dans les procédures civiles, du travail et familiales. Tout aussi significatif est l’Amparo Directo en Revisión 1754/2015, dans lequel la Première Chambre a appliqué la perspectiva de género pour évaluer les normes de preuve et la crédibilité des témoignages dans un contexte de violence fondée sur le genre, démontrant que la doctrine a des conséquences concrètes et déterminantes dans les litiges contestés plutôt que simplement des effets institutionnels ou aspirationnels.

Le Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Cour (mis à jour en 2020) institutionnalise ces normes, exigeant que les juges identifient les asymétries de pouvoir et les désavantages historiques qui déforment l’égalité formelle. Cette doctrine, bien que contemporaine dans sa formulation, s’adresse aux obstacles structurels précis que Vicario a affrontés et défiés. Pour les plaideurs et les conseils comparaissant devant les tribunaux mexicains, la familiarité avec les tesis contraignantes et le Protocolo n’est pas facultative : c’est un préalable à la représentation compétente dans toute procédure avec une dimension de genre.

Pertinence pratique pour les investisseurs et entrepreneurs

Pour les entreprises opérant à Quintana Roo et dans l’ensemble du Mexique, le respect des obligations en matière d’égalité des genres n’est plus simplement aspirationnel. Les employeurs doivent aborder les facteurs de risque psychosociaux sur le lieu de travail selon la NOM-035-STPS-2018 (Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, D.O.F. 23 octobre 2018), qui, bien qu’elle ne soit pas un instrument de certification en matière d’égalité des genres dans son champ d’application principal, est opérationnellement pertinente dans la mesure où les risques psychosociaux qu’elle régit — incluant la violence au travail et le dysfonctionnement organisationnel — affectent de manière disproportionnée les femmes et s’entrecroisent avec les obligations d’égalité découlant d’autres instruments. La NOM-035 doit donc être comprise comme une norme complémentaire abordant la dimension psychosociale d’un cadre de conformité en matière d’égalité plus large, et non comme un substitut aux mesures dédiées à l’égalité des genres.

La norme opérationnellement pertinente pour les conditions d’égalité des chances sur le lieu de travail est la NOM-025-STPS-2008 (Condiciones de igualdad de género y no discriminación en los centros de trabajo), qui établit les exigences de base pour des pratiques non discriminatoires sur le lieu de travail et doit être lue conjointement avec le cadre de certification volontaire décrit ci-dessous.

Les entreprises comptant plus de 50 salariés qui cherchent à obtenir des contrats du secteur public ou le Distintivo Empresa Incluyente sont soumises à la certification selon la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 relative à l’égalité professionnelle et à la non-discrimination. Il convient de noter que la NMX est une Norme mexicaine volontaire et n’impose pas, par effet de loi, une obligation de certification obligatoire à tous les employeurs au-delà de ce seuil. Cependant, l’adoption volontaire est fortement recommandée compte tenu des implications significatives en matière de RSE, d’approvisionnement et de réputation : les investisseurs internationaux et les autorités de passation de marchés publics considèrent de plus en plus la certification NMX-R-025 comme un indicateur de la qualité de la gouvernance institutionnelle, et les entreprises non certifiées cherchant à obtenir des contrats gouvernementaux peuvent faire face à un désavantage concurrentiel structurel. Séparément, le non-respect des obligations d’égalité exécutoires prévues par la LFT et les lois générales sur l’égalité expose les entités corporatives à des sanctions administratives en vertu de l’Article 994 de la LFT, ainsi qu’aux conséquences de négociation collective décrites ci-dessus.

Conclusion

Leona Vicario n’a pas simplement soutenu une cause politique. Opérant dans — et contre — un ordre juridique colonial dont les instruments principaux en Nouvelle-Espagne étaient la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias et les pragmatiques castillanes qui façonnaient la doctrine de la potestad marital, elle a exercé des droits à la propriété, à l’association et à l’expression politique qui ne seraient pas formellement reconnus aux femmes mexicaines pendant plus d’un siècle. Bien que nous devions résister à l’anachronisme d’attribuer à sa personne une conscience de genre moderne qu’elle n’a pas nécessairement revendiquée, la signification juridique de sa conduite — mesurée selon le droit de son époque — est sans ambiguïté et documentée historiquement. Son héritage est intégré dans le cadre constitutionnel et législatif qui régit les relations de travail et sociales mexicaines aujourd’hui, de la garantie d’égalité constitutionnelle de l’Article 4 à la jurisprudence obligatoire perspectiva de género de la SCJN et aux clauses d’égalité des genres désormais obligatoires dans les conventions collectives de travail. Comprendre cette dimension historique n’est pas de la sentimentalité académique — c’est un contexte essentiel pour tout praticien du droit ou leader commercial naviguant dans les obligations d’égalité en évolution du Mexique.

IBG Legal conseille les employeurs à Quintana Roo et au niveau national sur la certification NMX-R-025, la mise en œuvre de plans d’égalité des genres, la conformité aux NOM-035 et NOM-025, et la doctrine perspectiva de género de la SCJN dans les procédures contentieuses. Notre équipe assiste les employeurs syndiqués dans l’examen et la renégociation des conventions collectives de travail pour intégrer les clauses obligatoires d’égalité et de non-discrimination requises en vertu de la Reforma Laboral 2019, et conseille sur l’exposition aux sanctions de l’Article 994 de la LFT dans les procédures d’application administrative. Contactez nos bureaux de Cancún ou de Mexico pour évaluer l’exposition de votre organisation en vertu de la législation actuelle sur la LFT et l’égalité.

Sources et références

Constitution Politique des États-Unis Mexicains, Articles 1 (troisième paragraphe), 4. J.O.F. 5 février 1917, modifiée.
Loi Fédérale du Travail, Articles 3, 86, 387, 390, 994. J.O.F. 1er avril 1970, modifiée par Décret J.O.F. 1er mai 2019 (Réforme Travail 2019).
Loi Générale pour l’Égalité entre Femmes et Hommes, Articles 12, 17. J.O.F. 2 août 2006.
Loi Générale d’Accès des Femmes à une Vie Libre de Violence, Article 5. J.O.F. 1er février 2007.
Loi pour l’Égalité entre Femmes et Hommes de l’État de Quintana Roo, Articles 4, 7. J.O. 29 novembre 2013.
NOM-035-STPS-2018, Facteurs de risque psychosocial au travail — Identification, analyse et prévention. J.O.F. 23 octobre 2018. [Citée pour son intersection avec les risques psychosociaux affectant de manière disproportionnée les femmes ; non un instrument de certification en matière d’égalité de genre.]
NOM-025-STPS-2008, Conditions d’égalité de genre et de non-discrimination dans les centres de travail. J.O.F. novembre 2008.
Norme Mexicaine NMX-R-025-SCFI-2015 en Égalité au Travail et Non-Discrimination. J.O.F. 8 juin 2015. [Norme volontaire ; la certification obligatoire s’applique lorsque les marchés publics ou la reconnaissance de Distintivo Empresa Incluyente sont recherchés.]
Cour Suprême de Justice de la Nation, Thèse 1a./J. 22/2016 (10a.), Accès à la justice dans des conditions d’égalité — perspective de genre, Dixième Époque, Première Chambre, Gazette du Recueil Hebdomadaire Judiciaire de la Fédération.
Cour Suprême de Justice de la Nation, Amparo Direct en Révision 1754/2015, Première Chambre, résolution relative à la perspective de genre dans l’appréciation de la preuve et la violence de genre.
Cour Suprême de Justice de la Nation, Protocole de Jugement dans une Perspective de Genre, deuxième édition, SCJN, México, 2020.
Hernández Chávez, Alicia, Leona Vicario: L’insurgée, Clío, México, 1998. [Note : Les lecteurs sont invités à vérifier l’intégralité de la notice bibliographique par rapport au catalogue de la Biblioteca Nacional de México, incluant l’ISBN ou le numéro OCLC, étant donné la possibilité de confusion avec d’autres ouvrages biographiques sur Vicario publiés durant la même période.]
Ramos Escandón, Carmen, Genre et Histoire : L’historiographie sur la femme, Instituto Mora / UAM, México, 1992.
Siete Partidas (Alphonse X le Sage, Castille, c. 1265), Partida IV, Titre II. [Source doctrinale fondatrice ; la loi coloniale opérante en Nouvelle-Espagne était principalement la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias (1681) et les pragmatiques castillanes, la Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805) ayant considérablement supplanté les Partidas dans l’application directe castillane.]
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias (1681), instrument juridique colonial primaire gouvernant la Nouvelle-Espagne.
Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805), instrument de substitution pour l’application du droit castillan.

Entre 1813 et 1814, Leona Vicario utilisa sa fortune personnelle pour financer l’achat d’armes pour les troupes d’Andrés Quintana Roo et de José María Morelos. Elle facilita également la fuite de trois armuriers royaux vers les rangs insurgés. Arrêtée par l’Inquisition en 1814, elle fut confinée au Colegio de Belén. Son évasion ultérieure, orchestrée par des partisans insurgés, scella définitivement son engagement.

Ce qui est juridiquement remarquable, c’est que, selon les analyses historiographiques fondées sur les actes conservés à l’Archivo General de la Nación (AGN, Ramo Inquisición, vol. 1490), Vicario adopta lors de son procès une posture de revendication personnelle de ses actes, présentant ses choix comme l’expression d’une conviction propre et non d’une simple influence masculine — interprétation développée notamment par Anna Macías (1982) et Virginia Guedea dans ses travaux sur les réseaux insurgés. Cette lecture historiographique, qu’il convient de distinguer d’un constat juridique autonome, suggère une rupture avec la doctrine de obediencia debida qui permettait aux femmes d’invoquer la contrainte maritale pour écarter leur responsabilité. Cette prise de position autonome préfigurait la reconnaissance de la pleine capacité juridique de la femme, qui allait s’affirmer par étapes successives au cours des siècles suivants.

Les jalons normatifs intermédiaires : de 1814 à 1953

Entre 1814 et 1953, plusieurs jalons normatifs vinrent progressivement éroder l’incapacité féminine consacrée par le droit colonial. Le Code Civil de 1870, puis celui de 1884, maintinrent dans leurs grandes lignes la subordination juridique de la femme mariée, tout en amorçant une codification laïque du droit de la famille. La Ley sobre Relaciones Familiales de 1917 constitua une rupture décisive en supprimant la potestad marital absolue, libérant la femme mariée d’une partie des contraintes les plus sévères héritées du régime colonial. Le Code Civil fédéral de 1928, entré en vigueur en 1932, franchit une étape supplémentaire en reconnaissant à la femme mariée la capacité de contracter et d’ester en justice sans autorisation maritale dans un nombre croissant de matières. Ce processus cumulatif aboutit à la réforme constitutionnelle consacrant le suffrage universel féminin, formellement publiée au Diario Oficial de la Federación le 17 octobre 1953, par laquelle fut modifié l’article 34 de la Constitution. Le suffrage féminin au niveau fédéral devint effectif lors des élections législatives de 1955, premières élections fédérales postérieures à la réforme où les femmes votèrent en pratique, marquant ainsi l’aboutissement d’un cycle normatif entamé dès les premières décennies du XIXe siècle.

L’héritage constitutionnel et législatif

La trajectoire de Leona Vicario résonne directement avec le cadre normatif mexicain contemporain en matière de droits sociaux et d’égalité :

Constitution Politique des États-Unis Mexicains, article 4, paragraphe 1 : « El varón y la mujer son iguales ante la ley. » Cette disposition, dans sa formulation actuelle issue de la réforme de 1974, constitue le pilier de l’égalité substantielle.
Ley Federal del Trabajo, article 3 : interdit expressément toute discrimination fondée sur le sexe dans les relations de travail.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), articles 1 et 17 : établit les bases du Système National pour l’Égalité, dont les principes s’inscrivent dans la continuité historique de la lutte de figures comme Vicario.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), article 5 : définit la violence institutionnelle et structurelle contre les femmes, catégories que l’expérience de Vicario permet d’illustrer rétrospectivement.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a consolidé le principe d’égalité substantielle par opposition à l’égalité formelle, notamment à travers la perspectiva de género consacrée comme méthode d’analyse juridique obligatoire. Parmi les références jurisprudentielles les plus structurantes figurent la Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), publiée au Semanario Judicial de la Federación, qui établit la perspectiva de género comme obligation judiciaire applicable à l’ensemble des autorités, ainsi que l’amparo directo en revisión 1464/2013 de la Primera Sala, arrêt de principe fondant l’obligation d’intégrer cette perspective dans l’interprétation des droits fondamentaux. Ces critères sont désormais renforcés par le Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN (édition 2020), applicable à toutes les autorités judiciaires du pays.

Cet héritage normatif n’est pas qu’un objet d’étude académique : il produit des effets juridiques directs sur toute entité employant des salariés au Mexique, y compris les investisseurs étrangers actifs à Quintana Roo, comme l’illustre le cadre suivant.

Pertinence pour les investisseurs et entrepreneurs opérant sur la Riviera Maya

Pour les clients d’IBG Legal actifs dans les secteurs immobilier, hôtelier et commercial à Quintana Roo, la dimension pratique de cet héritage est concrète. L’État de Quintana Roo applique la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, dont l’article 6 impose aux employeurs des obligations spécifiques et opérationnelles en matière de prévention de la violence de genre. À titre d’illustration non exhaustive, ces obligations comprennent notamment :

L’obligation d’affichage des voies de recours internes disponibles pour les victimes de violence ou de harcèlement, dans tous les espaces de travail accessibles au personnel ;
La mise en place d’un protocole interne de prévention du harcèlement, en articulation avec la NOM-035-STPS-2018 relative aux facteurs de risque psychosocial au travail, laquelle impose un diagnostic des entorses à l’environnement organisationnel favorable et des mesures correctives documentées ;
La désignation d’un responsable égalité ou d’un référent chargé de recevoir les signalements, d’assurer le suivi des procédures internes et de garantir la confidentialité des plaignantes ;
Un risque spécifique en cas de contrôle de l’Inspectorat du travail de Quintana Roo : l’absence de protocole formalisé ou de registre des actions préventives peut constituer un manquement sanctionnable, susceptible de générer des procédures administratives et d’aggraver la responsabilité de l’employeur dans toute procédure ultérieure devant les instances de conciliation et d’arbitrage.

Toute opération employant du personnel local — du complexe hôtelier à la résidence secondaire avec personnel de service — est soumise à ce cadre normatif intégré à la Ley Federal del Trabajo par voie de complémentarité. Ignorer ce cadre expose l’employeur à des procédures devant la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo et, depuis la réforme de 2019, devant le Centre de Conciliation Laboral compétent, avec des risques de sanctions amplifiées lorsqu’une discrimination systémique est établie.

Conclusion

Leona Vicario n’est pas seulement un symbole patriotique ; elle est l’incarnation d’une rupture juridique avec un ordre colonial fondé sur l’incapacité féminine. Son action préfigure une architecture de droits que le Mexique a mis deux siècles à formaliser — par étapes successives, de la Ley sobre Relaciones Familiales de 1917 au Code Civil fédéral de 1928, jusqu’aux réformes constitutionnelles de la seconde moitié du XXe siècle — et qui continue d’évoluer à travers la jurisprudence de la SCJN et les réformes législatives en matière de parité, de violence de genre et d’égalité substantielle. Comprendre cet héritage, c’est comprendre la logique profonde du droit social mexicain contemporain.

Sources et Références

Constitution Politique des États-Unis Mexicains, article 4 (réforme 1974) et article 34 (réforme 1953)
Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial de la Federación, dernière réforme 2019, articles 2, 3 et 133
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, DOF 2 août 2006, articles 1, 17 et 36
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF 1er février 2007, articles 5 et 18
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, Periódico Oficial del Estado, article 6
NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo — Identificación, análisis y prevención, DOF 23 octobre 2018
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Suprema Corte de Justicia de la Nación, édition 2020
Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, perspectiva de género comme obligation judiciaire
Amparo directo en revisión 1464/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arrêt de principe sur l’intégration de la perspectiva de género dans l’interprétation des droits fondamentaux
Lucas Alamán, Historia de Méjico, vol. III, Editorial Jus, México, 1942 (référence historiographique primaire)
Ernesto Lemoine Villicaña, Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, UNAM, 1965
Anna Macías, Against All Odds: The Feminist Movement in Mexico to 1940, Greenwood Press, 1982
Virginia Guedea, « Las primeras elecciones populares en la ciudad de México, 1812-1813 », Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 7, n° 1, 1991 (contexte politique dans lequel Vicario opérait)
Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, vol. 1490 (actes partiellement conservés du procès de Leona Vicario)

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