Delitos Ambientales en Desarrollos Costeros: Riesgos Penales para Desarrolladores

Marco Penal Aplicable a Obras Costeras: Responsabilidad Criminal de Desarrolladores en Quintana Roo

Los desarrolladores que operan en la franja costera de Quintana Roo enfrentan una superposición regulatoria que convierte cualquier irregularidad técnica en una exposición penal concreta. El régimen de delitos ambientales contenido en el Código Penal Federal no opera en abstracto: se activa mediante denuncias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de comunidades afectadas, o de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República (FGR), y sus consecuencias incluyen prisión efectiva, clausura definitiva de obra y responsabilidad penal de personas morales conforme al Código Penal Federal vigente.

El Tipo Penal Ambiental y su Aplicación a Obras Costeras

El Código Penal Federal (CPF) regula los delitos contra el ambiente en su Título Vigésimo Quinto, artículos 414 al 423. El artículo 414 sanciona con pena de uno a nueve años de prisión a quien, sin autorización o contraviniendo las condiciones de una autorización previamente otorgada, realice actividades que ocasionen o puedan ocasionar daños a los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas o la calidad del agua, el suelo o el aire. La conducta típica no exige un daño consumado: el riesgo comprobado es suficiente para integrar el tipo.

Los artículos 417 y 418 CPF tipifican específicamente la afectación a ecosistemas con penas agravadas de dos a diez años de prisión cuando la conducta recaiga sobre áreas naturales protegidas, zonas de manglar o ecosistemas costeros. El artículo 416 CPF, por su parte, aborda las emisiones atmosféricas y violaciones a la calidad del aire, y no debe confundirse con las disposiciones de protección ecosistémica agravada que en materia costera se sustentan en los artículos 417 y 418. En el contexto de la Riviera Maya, donde porciones significativas del litoral se ubican dentro de o en proximidad a áreas naturales protegidas (incluyendo la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an en el sur del estado, el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos y el Parque Nacional Tulum), esta agravante representa un riesgo real para proyectos mal estructurados. Sin embargo, la determinación de si un predio específico se encuentra dentro o en zona de amortiguamiento de un ANP requiere verificación sitio por sitio: no puede asumirse que cualquier punto del litoral queda automáticamente sujeto al régimen de ANP sin ese análisis.

Jurisdicción Federal y Coordinación con Autoridades Estatales

Un aspecto que los inversionistas sofisticados deben comprender desde el inicio es el fundamento de la jurisdicción federal en esta materia. Los delitos ambientales que afectan zonas federales (ZOFEMAT, áreas naturales protegidas, manglares) caen bajo jurisdicción federal en virtud del artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios en materia de protección al ambiente. La persecución penal de estos delitos corresponde a la FGR a través de su unidad especializada en delitos ambientales. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo conserva jurisdicción concurrente respecto de violaciones a la legislación ecológica estatal y puede abrir investigaciones paralelas, lo que genera una exposición de doble vía: federal y estatal simultáneamente. Esta dualidad exige que el due diligence penal-ambiental contemple ambos fueros desde la fase de estructuración del proyecto.

ZOFEMAT: Ocupación sin Concesión como Hecho Generador de Responsabilidad

La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) está definida en el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) como una franja de veinte metros en playas, contados desde la línea de pleamar máxima ordinaria, conforme al artículo 119 LGBN. Su uso y aprovechamiento requieren concesión otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), conforme al artículo 126 de la misma ley. La construcción, instalación de infraestructura turística o modificación de la topografía dentro de la ZOFEMAT sin concesión vigente configura, simultáneamente, una infracción administrativa bajo la LGBN y un supuesto de ocupación ilegal de bienes del dominio público, que puede derivar en responsabilidad penal por el artículo 287 CPF relativo al despojo de cosa ajena, cuando se argumenta que el Estado es propietario del bien afectado.

Adicionalmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en sus artículos 28 y 30, exige Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa para toda obra o actividad en la zona costera, humedales y manglares. Iniciar obras sin resolución favorable de la EIA, o en contravención de sus condicionantes, integra de forma directa el tipo del artículo 414 CPF.

Manglares: El Ecosistema con Mayor Protección Penal Efectiva

El manglar es el ecosistema que, en la práctica procesal, genera mayor número de carpetas de investigación en Quintana Roo. La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para preservar y aprovechar sustentablemente el ecosistema de manglar, prohíbe el relleno, desecación, canalización o cualquier obra que modifique el flujo hidrológico del manglar. Su violación, acreditada mediante peritaje técnico de PROFEPA o del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), es el insumo probatorio por excelencia en las investigaciones penales ambientales de la región.

El artículo 60 TER de la LGEEPA, adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 y confirmado en sus términos por reformas posteriores, establece la protección absoluta del ecosistema de manglar e impide su remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte su integridad funcional, exceptuando únicamente actividades de mantenimiento que no comprometan la estructura del ecosistema. Esta prohibición tiene jerarquía de norma federal, y su violación activa de forma directa los artículos 417 y 418 CPF con sus penas agravadas.

Responsabilidad Penal de Personas Morales y de Representantes Legales

El artículo 11 CPF establece que cuando algún miembro o representante de una persona moral cometa un delito con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona moral, de suerte que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá imponer, en la sentencia condenatoria, consecuencias jurídicas accesorias aplicables a la persona moral, incluidas la suspensión de actividades, disolución o prohibición de realizar determinadas operaciones. Esto expone directamente al vehículo corporativo del desarrollo, no solo a sus directores.

Los Tribunales Colegiados de Circuito del XXVII Circuito (Quintana Roo) han sostenido, en criterios sobre responsabilidad en materia ambiental, que la cadena de responsabilidad penal alcanza al representante legal que suscribió los contratos de obra, al director responsable de obra, y al propietario del predio cuando existen elementos que acrediten su conocimiento del estado de las autorizaciones. Estos criterios tienen valor orientador, no vinculante en sentido estricto; no obstante, reflejan la línea argumentativa que los ministerios públicos especializados han sostenido con creciente consistencia en la región. Esta interpretación amplía significativamente el perímetro de la imputación.

Implicaciones Prácticas para Desarrolladores e Inversionistas

El riesgo penal en desarrollos costeros no surge únicamente de la intención de evadir regulaciones. Con frecuencia se origina en tres escenarios recurrentes: inicio de obra durante la vigencia de recursos de revisión interpuestos contra la EIA; contratación de peritos que delimitan incorrectamente la ZOFEMAT o el polígono de manglar; y adquisición de predios con permisos que fueron otorgados con irregularidades no detectadas en el due diligence transaccional.

En los tres casos, la exposición penal del comprador o del nuevo desarrollador es real. El artículo 400 CPF, que regula el encubrimiento por receptación en el título relativo a los delitos contra la administración de justicia, ha sido invocado por algunos ministerios públicos al argumentar que quien adquiere un desarrollo aprovechando los beneficios de una obra que afectó el ambiente podría quedar comprendido en esa figura. Es importante precisar que esta aplicación por analogía al contexto de adquisiciones con daño ambiental no remediado es una teoría en construcción, no doctrina procesal consolidada, y su procedencia ha sido objeto de debate entre los propios operadores del sistema. Su sola posibilidad, sin embargo, obliga a los adquirentes a incluir en su due diligence la revisión del historial ambiental del predio.

Un riesgo que frecuentemente se subestima es el de las medidas cautelares que pueden imponerse desde el inicio de una carpeta de investigación, antes de que exista sentencia alguna. Una vez que la FGR o el juez de control intervienen, pueden ordenar la suspensión inmediata de obras, el aseguramiento precautorio de activos vinculados al proyecto y restricciones de salida del país para los imputados. Para un inversionista, la paralización de un desarrollo en plena construcción por efecto de medidas cautelares representa con frecuencia un daño económico más inmediato y severo que la pena que en su caso pudiera imponerse al término del proceso. La gestión preventiva del riesgo penal-ambiental no puede, por tanto, reducirse a la fase de litigio.

Gestión del Riesgo: Due Diligence Penal-Ambiental

Un due diligence que no incluya revisión de los expedientes administrativos de PROFEPA, verificación de la concesión de ZOFEMAT vigente ante la SICT, análisis de la resolución de EIA y sus condicionantes, y un peritaje técnico independiente sobre manglar y ecosistema costero, no es un due diligence suficiente para una operación en primera línea de playa en Quintana Roo. La diferencia entre una contingencia administrativa y una carpeta de investigación penal activa puede depender, con precisión, de si esa revisión se realizó antes o después del cierre. Vale añadir que una tendencia emergente en la práctica federal es la extensión de la investigación hacia los financiadores e instituciones de fondeo que aportaron capital a desarrollos con irregularidades ambientales: la participación de fondos de inversión, fideicomisos y prestamistas en proyectos con antecedentes de daño no remediado ha comenzado a ser objeto de escrutinio por la FGR, lo que amplía el universo de sujetos con exposición penal más allá del promotor directo.

Sources and References

Legislación Federal

• Código Penal Federal, artículos 11, 287, 400, 414, 415, 416, 417, 418, 421 y 423. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Vigente al 15 de marzo de 2026.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), artículos 28, 30, 60 TER y 170. Última reforma: DOF 2024. Artículo 60 TER adicionado mediante decreto publicado el 1 de febrero de 2007.
• Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), artículos 119 al 132. Última reforma: DOF 2022.
• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artículos 1, 6 y 28. DOF, 7 de junio de 2013. Vigente al 15 de marzo de 2026.
• Ley General de Vida Silvestre, artículos 60 BIS y 106. Última reforma: DOF 2023.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXIX-G. Base constitucional de la jurisdicción federal en materia de protección ambiental.

Normas Oficiales Mexicanas

• NOM-022-SEMARNAT-2003. Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. DOF, 10 de abril de 2003; modificación DOF, 7 de mayo de 2004.
• NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna silvestres. DOF, 30 de diciembre de 2010. Actualización de lista, DOF 2019.

Criterios Jurisprudenciales

• Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: criterios no sistematizados en tesis formal relativos a la protección constitucional al medio ambiente como derecho fundamental conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que han extendido el estándar de debida diligencia a operadores económicos en zonas de alta sensibilidad ecológica. Para criterios formalmente registrados en esta materia, consúltese el Semanario Judicial de la Federación en sjf.scjn.gob.mx, filtrando por las voces ‘derecho al medio ambiente sano’ y ‘principio precautorio.’
• Tribunales Colegiados de Circuito del XXVII Circuito (Quintana Roo): criterios no sistematizados en tesis formal sobre responsabilidad penal ambiental, relativos a la extensión de la imputación al representante legal, director responsable de obra y propietario del predio en casos de obras costeras con EIA irregular o ZOFEMAT no concesionada. Estos precedentes tienen valor orientador y reflejan la línea argumentativa sostenida por la fiscalía especializada en la región.
• Pleno de la SCJN: criterios sobre el principio precautorio en materia ambiental, conforme a los cuales la ausencia de certeza científica no puede invocarse para demorar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave o irreversible al ecosistema. Para tesis formalmente registradas, véase Semanario Judicial de la Federación, voz ‘principio precautorio ambiental.‘

Fuentes Doctrinales

• Brañes Ballesteros, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Segunda edición. Fondo de Cultura Económica y Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, 2000. [Referencia histórica fundamental; debe leerse en conjunto con desarrollos legislativos posteriores a 2007.]
• González Márquez, José Juan. La responsabilidad por el daño ambiental en México: el paradigma de la reparación. Universidad Autónoma Metropolitana, 2002. [Obra de referencia; posterior a su publicación, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de 2013 amplió sustancialmente el régimen de reparación.]
• Carmona Lara, María del Carmen. Derechos en relación con el medio ambiente. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001. [Referencia de base; los desarrollos constitucionales del artículo 4° CPEUM posteriores a 2011 han extendido el marco analítico propuesto en esta obra.]
• Carmona Lara, María del Carmen y Llorens Báez, Luis (coordinadores). Temas selectos de derecho ambiental. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. Incorpora análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de los regímenes de responsabilidad post-reforma.
• García López, Tania. Responsabilidad por daño ambiental. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018. Ofrece un tratamiento actualizado de la responsabilidad ambiental civil y penal conforme al marco legal vigente, incluyendo la interacción entre la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Penal Federal.
• PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Guía de Criterios Técnicos para la Inspección y Vigilancia en Zonas de Manglar y Humedales Costeros. Disponible en www.gob.mx/profepa. Documento técnico de referencia utilizado en investigaciones penales ambientales.
• INECC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Inventario Nacional de Humedales: Distribución y Estado de Conservación de Manglares en el Litoral de Quintana Roo. Disponible en www.gob.mx/inecc. Fuente técnica de referencia en peritajes ambientales sobre distribución de manglar.

Fuentes Oficiales

• Diario Oficial de la Federación (DOF): www.dof.gob.mx. Decretos de reforma al CPF en materia ambiental y a la LGEEPA.
• PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: reportes de inspección y estadísticas de procedimientos en zona costera de Quintana Roo, disponibles en www.gob.mx/profepa.
• Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo: legislación estatal complementaria en materia de ordenamiento territorial y protección ecológica.
• SICT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: marco regulatorio de concesiones ZOFEMAT, www.gob.mx/sict.
• INECC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático: estudios técnicos sobre distribución de manglares en el litoral de Quintana Roo, www.gob.mx/inecc.
• Semanario Judicial de la Federación: sjf.scjn.gob.mx. Fuente de consulta obligatoria para verificación de tesis aisladas y jurisprudenciales en materia ambiental citadas en este artículo.

Sobre IBG Legal. IBG Legal es una firma boutique especializada en litigio penal ambiental y estructuración de proyectos de desarrollo costero, con sede en Cancún y presencia en Ciudad de México y Querétaro. La sede en Cancún concentra la práctica de litigio ambiental y due diligence costero en Quintana Roo y la Riviera Maya. La oficina de Ciudad de México atiende la coordinación con la FGR y autoridades federales, así como a fondos de inversión y clientes del mercado de capitales que financian proyectos en la región. La oficina de Querétaro da servicio a clientes institucionales e industriales con posiciones de inversión en activos turísticos y de desarrollo costero desde el centro del país. Para asesoría especializada en esta materia, contáctenos.