Constitución de Sociedades para Extranjeros en México: Proceso y Restricciones

Marco Jurídico Aplicable

La participación de personas extranjeras en sociedades mexicanas se rige principalmente por la Ley de Inversión Extranjera (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993 y con última reforma publicada el 22 de junio de 2023, en conjunto con su Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RLIE), publicado el 8 de septiembre de 1998 y con modificaciones subsecuentes. La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), vigente con reformas publicadas en el DOF el 20 de enero de 2021 conforme al texto consolidado disponible en dof.gob.mx, regula los tipos societarios disponibles, los requisitos de constitución y el régimen orgánico de las personas morales mercantiles. De manera complementaria, el Código de Comercio y la Ley del Mercado de Valores inciden en estructuras de capital más sofisticadas.

Tipos Societarios y Elección de Vehículo

El inversor extranjero puede constituir cualquiera de los tipos societarios previstos en la LGSM. Las formas más utilizadas en transacciones de mediana y gran escala son la Sociedad Anónima (SA), la Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV) y la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). La SA de CV es el vehículo predominante en proyectos inmobiliarios y de hospitalidad en la Riviera Maya, debido a su flexibilidad estatutaria y la facilidad de incorporar socios adicionales sin modificar el capital mínimo fijo. La SRL, por su parte, limita el número de socios a cincuenta conforme al artículo 61 de la LGSM, lo que la hace adecuada para estructuras cerradas o joint ventures bilaterales.

Adicionalmente, la LGSM incorporó en 2016 la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) como tipo societario de constitución íntegramente digital a través de la plataforma electrónica de la Secretaría de Economía, con requerimientos de capital mínimo reducidos y un proceso de protocolización acelerado. La SAS presenta, sin embargo, una restricción estructural determinante para la mayoría de los inversores corporativos extranjeros: únicamente pueden ser socios de una SAS las personas físicas, conforme a las disposiciones del Capítulo XIV de la LGSM. Esta limitación excluye funcionalmente a cualquier vehículo corporativo extranjero —ya sea una LLC, corporation, limited company o equivalente— que pretenda participar directamente como accionista. En consecuencia, la SAS puede resultar apropiada para un inversionista extranjero persona física que desee establecer una presencia inicial de bajo costo en México con actividad económica limitada; en cambio, cuando el socio extranjero sea una persona moral, cuando la escala de la inversión requiera capital significativo, o cuando la estructura contemple financiamiento institucional o múltiples rondas de capitalización, la SA de CV o la SRL son los vehículos adecuados. Para proyectos en la Riviera Maya que involucren activos inmobiliarios o concesiones sectoriales, la SA de CV sigue siendo el instrumento de elección por su compatibilidad con los registros notariales y los requisitos del RNIE.

Proceso de Constitución: Etapas y Plazos

La constitución ante notario público requiere la obtención previa del permiso de denominación ante la Secretaría de Economía (SE). Este trámite se resuelve en la práctica en plazos de uno a tres días hábiles a través del sistema electrónico de la SE. En cuanto a su fundamento normativo, el procedimiento de autorización de denominación no deriva del artículo 15 de la LGSM en su texto vigente, ya que dicho precepto regula la cláusula de exclusión de extranjeros en los estatutos sociales y no el procedimiento de permiso previo de denominación. La base normativa aplicable se encuentra en las reglas de operación del sistema electrónico de la Secretaría de Economía y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, sin que exista en la LGSM vigente un artículo que regule específicamente el trámite de denominación ante la SE en su forma digital actual. Los operadores jurídicos deben consultar directamente la plataforma www.gob.mx/economia y las disposiciones administrativas vigentes de la DGIE para los requisitos actualizados.

La escritura constitutiva debe protocolizarse ante notario e inscribirse en el Registro Público de Comercio (RPC) conforme al artículo 6 de la LGSM; el plazo de inscripción varía entre cinco y quince días hábiles dependiendo de la entidad federativa. En Quintana Roo, la inscripción se gestiona ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en Chetumal o en las delegaciones correspondientes. Concluida la inscripción, la sociedad debe obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el SAT y, si tiene socios extranjeros, inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a su constitución, conforme al artículo 32 de la LIE.

El RNIE: Obligaciones de Registro y Reporte

El RNIE, administrado por la SE conforme al Título Quinto de la LIE y al Capítulo IV del RLIE, impone tres categorías de obligaciones a las sociedades con participación extranjera:

• Inscripción inicial: dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la constitución o adquisición de participación por parte de un extranjero, conforme al artículo 32, fracción I, de la LIE.
• Informes trimestrales: cuando el capital contable de la sociedad supere los ciento ochenta y cinco millones de pesos, conforme al artículo 38 del RLIE, en los meses de enero, abril, julio y octubre.
• Informes anuales: para todas las entidades inscritas, presentados en los meses de abril y mayo del ejercicio siguiente, conforme al artículo 37 del RLIE.

El incumplimiento de las obligaciones ante el RNIE genera sanciones administrativas previstas en el Título Quinto de la LIE. El régimen sancionador incluye apercibimientos y multas económicas; el techo de dos millones de pesos citado con frecuencia en la literatura corresponde al máximo histórico referenciado en el texto del artículo 38 de la LIE conforme a versiones previas del ordenamiento, pero los operadores jurídicos deben verificar el monto vigente en el texto consolidado de la LIE publicado en el DOF el 22 de junio de 2023, toda vez que las multas en materia de inversión extranjera están sujetas a actualización conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el importe expresado en pesos puede variar respecto de versiones anteriores del estatuto. La consecuencia sancionadora es, en todo caso, independiente de las contingencias fiscales derivadas de la falta de justificación de flujos de capital extranjero ante el SAT.

Restricciones Sectoriales: La Cláusula de Admisión y Actividades Reservadas

El artículo 6 de la LIE reserva al Estado mexicano y a nacionales mexicanos determinadas actividades. Los extranjeros pueden participar hasta el cien por ciento del capital en la mayoría de los sectores, salvo en aquellos sujetos a restricciones porcentuales previstas en los artículos 7 y 8 de la LIE. Entre las actividades relevantes para inversores en la Riviera Maya destacan:

• Transporte aéreo nacional: límite del cuarenta y nueve por ciento para inversión extranjera directa conforme al artículo 7, fracción III, de la LIE.
• Pesca en aguas territoriales y zonas económicas exclusivas: sujeta a concesión y con restricciones de capital extranjero conforme a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables.
• Zona restringida costera: el régimen aplicable varía según la naturaleza del adquirente y el uso del inmueble, conforme al artículo 27, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 11 de la LIE, de acuerdo con los siguientes escenarios diferenciados: (a) las personas físicas extranjeras y las personas morales extranjeras no pueden adquirir el dominio directo de bienes inmuebles ubicados en la franja de cincuenta kilómetros desde la línea de costa, debiendo canalizar su participación a través de un fideicomiso bancario autorizado conforme al artículo 11 de la LIE, con independencia del uso que se dé al inmueble; (b) una sociedad mexicana, incluso con participación mayoritaria de capital extranjero, puede adquirir directamente bienes inmuebles en la zona restringida para fines no residenciales, siempre que sus estatutos incluyan la cláusula de admisión de extranjeros prevista en el artículo 27, fracción I, constitucional, por la que dichos socios extranjeros se obligan a considerarse nacionales respecto de los bienes adquiridos y a no invocar la protección de sus gobiernos; (c) cuando el uso del inmueble sea residencial y el adquirente sea una persona física extranjera, el fideicomiso es obligatorio sin excepción, con independencia de cualquier estructura societaria interpuesta. Esta distinción es determinante para la estructuración de proyectos hoteleros, de uso mixto y de desarrollo inmobiliario en Quintana Roo, donde la calificación del uso del inmueble define el vehículo jurídico requerido.

Adicionalmente, el artículo 8 de la LIE contempla actividades que requieren resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) cuando la inversión extranjera pretenda superar el cuarenta y nueve por ciento del capital en sectores como seguridad privada, telefonía celular y transporte terrestre foráneo. Conviene precisar que la obligación de obtener autorización de la CNIE bajo el artículo 8 no opera de manera automática en todas las operaciones: la LIE y las resoluciones anuales que emite la SE establecen un umbral mínimo de valor de transacción por debajo del cual la autorización de la CNIE no es requerida, incluso en los sectores sujetos a restricción porcentual. Conforme a las resoluciones publicadas en años recientes, dicho umbral se ha situado históricamente en un rango aproximado de entre 165 y 180 millones de dólares estadounidenses, ajustado anualmente mediante resolución publicada en el DOF al inicio de cada ejercicio fiscal. Los inversores deben consultar la resolución anual vigente al momento de la transacción, disponible a través de la Dirección General de Inversión Extranjera de la SE, para determinar si su operación supera el umbral que activa la revisión de la CNIE. Las operaciones que no alcancen dicho umbral pueden ejecutarse sin someterse al proceso de autorización, lo que reduce sustancialmente la carga regulatoria para proyectos de escala mediana en sectores que, en apariencia, parecerían estar sujetos a revisión obligatoria.

Consideraciones Fiscales Relevantes

La dimensión fiscal de una estructura de inversión extranjera en México no puede disociarse del análisis corporativo y regulatorio. Las siguientes consideraciones son mínimas e indispensables para cualquier inversor de mediana o gran escala; la estructuración fiscal específica requiere análisis separado y especializado en cada caso.

Retención sobre dividendos a socios extranjeros. Bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), los dividendos distribuidos por una sociedad mexicana a un socio extranjero persona física o persona moral residente en el extranjero están sujetos a una retención del diez por ciento conforme al artículo 140 de la LISR. Sin embargo, México cuenta con una red de tratados para evitar la doble imposición que incluye, entre otros, los convenios con Estados Unidos de América (en vigor desde 1994), Canadá, España, Alemania, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, entre más de sesenta jurisdicciones. Dependiendo del tratado aplicable y de la estructura de tenencia, la tasa de retención sobre dividendos puede reducirse, con frecuencia a tasas de entre cinco y quince por ciento según el porcentaje de participación y los requisitos de beneficiario efectivo previstos en cada instrumento. El análisis del tratado aplicable debe realizarse antes de definir la estructura de tenencia, ya que la interposición de un holding en una jurisdicción con tratado favorable puede generar un ahorro fiscal significativo y recurrente.

Precios de transferencia. Toda sociedad mexicana que realice operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, incluyendo pagos de regalías, servicios intercompañía, financiamiento y distribución de productos, está obligada a demostrar que dichas operaciones se realizan a valores de mercado conforme al principio de plena competencia, bajo los artículos 76, fracción IX, y 179 de la LISR. El incumplimiento expone a la sociedad a ajustes de base gravable, recargos y multas considerables. Para estructuras donde la entidad mexicana pague regalías o cargos de servicios a una matriz extranjera, el análisis de precios de transferencia es un componente no negociable de la planeación inicial.

Reglas de capitalización delgada. Cuando el financiamiento de la sociedad mexicana provenga de deudas con partes relacionadas extranjeras y el coeficiente de deuda a capital supere la proporción de tres a uno establecida en el artículo 28, fracción XXVII, de la LISR, los intereses pagados en exceso de dicho límite no serán deducibles para efectos fiscales en México. Esta restricción incide directamente en la estructuración de proyectos que contemplen financiamiento intercompañía desde la matriz o desde un vehículo de tesorería en el extranjero.

Beneficiario controlador. Las reformas al Código Fiscal de la Federación publicadas en el DOF el 12 de noviembre de 2021, vigentes a partir del 1 de enero de 2022, introdujeron la obligación de identificar, verificar y reportar al SAT la cadena de beneficiarios controladores de toda persona moral mexicana, conforme a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del CFF. Esta obligación aplica sin excepción a las sociedades con participación extranjera y exige mantener documentación actualizada sobre los beneficiarios finales con control efectivo, ya sea por participación accionaria superior al veinticinco por ciento o por control de facto en la toma de decisiones. La falta de cumplimiento de esta obligación genera multas que pueden alcanzar los dos millones de pesos por cada beneficiario no reportado, con independencia de las sanciones del RNIE. La apertura de cuentas bancarias en México igualmente requiere la presentación de esta documentación conforme a las reglas de prevención de lavado de dinero aplicables a las instituciones de crédito.

Criterios Judiciales Relevantes

La Primera Sala de la SCJN ha sostenido de manera consistente que la libertad de empresa y el principio de igualdad ante la ley son derechos reconocidos en el artículo 5 constitucional; sin embargo, ha validado las restricciones sectoriales a la inversión extranjera en tanto constituyen medidas de orden público con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reserva al Estado el dominio originario del territorio nacional y establece las bases para el régimen de inversión en zona restringida. Este criterio se deriva de la línea jurisprudencial de la Primera Sala en materia de libertad de configuración legislativa en asuntos económicos; los lectores que requieran localizar tesis específicas deben consultar el Semanario Judicial de la Federación en sjf.scjn.gob.mx utilizando los parámetros de búsqueda: Primera Sala, materia constitucional-económica, artículos 5 y 27 constitucionales, inversión extranjera. IBG Legal no reproduce en esta publicación números de tesis aislada específicos para ese criterio al no haber podido verificar independientemente el número de registro exacto en el SJF al cierre de edición, a fin de evitar una cita incorrecta.

Los Tribunales Colegiados del XXVII Circuito (Quintana Roo) han establecido que la falta de inscripción en el RNIE no produce la nulidad del acto constitutivo ni de las transmisiones de acciones, sino que constituye una infracción administrativa autónoma sancionable conforme al Título Quinto de la LIE. Este criterio resulta de especial relevancia para operaciones de adquisición secundaria donde el vendedor incumplió sus obligaciones de reporte, ya que su aplicación impide que la contraparte argumente la nulidad de la transmisión con base exclusivamente en el incumplimiento registral. El criterio fue desarrollado en el contexto de amparos directos ventilados ante dicho circuito en materia mercantil y registral; al tratarse de un criterio identificado por IBG Legal a partir de su práctica ante el XXVII Circuito y no de una jurisprudencia publicada formalmente en el SJF con número de tesis verificable al cierre de esta edición, se describe como criterio de aplicación práctica derivado de precedentes del circuito y no como jurisprudencia obligatoria en los términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Los operadores jurídicos interesados en invocar este criterio deben solicitar la búsqueda de ejecutorias específicas del XXVII Circuito en el SJF o contactar a IBG Legal para referencia de expedientes.

Implicaciones Prácticas para el Inversionista Extranjero

Una estructura correctamente constituida debe contemplar desde el inicio: la cláusula de admisión de extranjeros en los estatutos sociales conforme al artículo 27, fracción I, de la Constitución; la definición del objeto social con precisión suficiente para cubrir la actividad proyectada sin generar contingencias en la clasificación sectorial ante la CNIE; la designación de un representante legal con domicilio en México para efectos de notificaciones fiscales y del RNIE; y la apertura de cuentas bancarias antes del inicio de operaciones, proceso que en la práctica exige la presentación de la escritura inscrita, el RFC activo y la documentación de beneficiario controlador conforme a las reformas al Código Fiscal de la Federación publicadas en 2022.

Obligaciones Corporativas Posteriores a la Constitución

Una vez constituida e inscrita la sociedad, el inversor extranjero enfrenta un conjunto de obligaciones corporativas recurrentes que se activan en los primeros noventa a ciento veinte días de vida de la entidad. Su omisión genera contingencias administrativas y fiscales autónomas, independientes de las del proceso constitutivo:

• Primera asamblea ordinaria anual: conforme al artículo 181 de la LGSM, la asamblea ordinaria de accionistas o socios debe celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, con el objeto mínimo de discutir el informe del administrador o consejo de administración, aprobar el balance general y el estado de resultados, determinar la aplicación de utilidades y ratificar o revocar el nombramiento de administradores. La omisión de esta asamblea o la falta de actas debidamente protocolizadas puede generar observaciones del SAT y dificultar trámites notariales y registrales futuros.
• Comisario o comité de auditoría: la SA está obligada a designar al menos un comisario conforme al artículo 164 de la LGSM, quien es responsable de vigilar de manera ilimitada y permanente todas las operaciones de la sociedad. Las sociedades que opten por el régimen de comité de auditoría conforme a la Ley del Mercado de Valores pueden prescindir del comisario; en el ámbito de la inversión extranjera de mediana escala, el comisario es la figura estándar y su falta de nombramiento en la escritura constitutiva o en la primera asamblea constituye una irregularidad orgánica.
• Activación del buzón tributario y CFDI: la sociedad debe activar su buzón tributario ante el SAT y tramitar los certificados de sello digital (CSD) para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) antes del inicio de cualquier operación comercial. La emisión de comprobantes sin CSD activo genera multas autónomas conforme al CFF y puede dar lugar a la restricción temporal del certificado de e.firma.
• Primer reporte RNIE: la sociedad inscrita en el RNIE debe presentar su primer informe anual en los meses de abril o mayo del ejercicio inmediato posterior a su constitución, conforme al artículo 37 del RLIE. Las sociedades con capital contable superior al umbral establecido deben adicionalmente presentar el informe trimestral correspondiente al período en que dicho umbral sea superado por primera vez.

Conclusión Operativa

En la práctica transaccional en Quintana Roo, el punto de falla más frecuente en estructuras de inversión extranjera no es la constitución en sí misma, sino la interacción entre las obligaciones del RNIE y el régimen de zona restringida: sociedades correctamente constituidas que omiten el reporte inicial al RNIE o que clasifican incorrectamente el uso del inmueble costero enfrentan contingencias administrativas que se descubren, generalmente, al momento de una transmisión secundaria o de un proceso de financiamiento garantizado. Una revisión legal integral antes de la protocolización, y un programa de cumplimiento continuo durante los primeros doce meses de operación, son los instrumentos que la experiencia práctica ha demostrado más eficaces para preservar la operatividad de la entidad y la transmisibilidad de sus activos.

IBG Legal ha representado a inversores extranjeros en la constitución y estructuración de vehículos de inversión ante la Secretaría de Economía, el RNIE y el Registro Público de Comercio de Quintana Roo, incluyendo la defensa de criterios ante los Tribunales Colegiados del XXVII Circuito en materia de cumplimiento registral y validez de transmisiones accionarias. Nuestra práctica en Cancún integra asesoría transaccional en estructuración corporativa, proyectos inmobiliarios y hoteleros en la Riviera Maya, y cumplimiento fiscal y regulatorio continuo, con la capacidad litigiosa necesaria para defender las estructuras que constituimos cuando las contingencias se materializan. Para asesoría especializada en esta materia, contáctenos.

Sources and References

Legislación

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 5 y 27, fracción I; última reforma publicada en el DOF el 18 de octubre de 2024.
• Ley de Inversión Extranjera (LIE), DOF 27 de diciembre de 1993; última reforma publicada en el DOF el 22 de junio de 2023; artículos 6, 7, 8, 11, 32 y 38. Para el régimen sancionador y los montos de multa vigentes, consultar el texto consolidado disponible en dof.gob.mx, considerando la actualización de montos conforme a la UMA.
• Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RLIE), DOF 8 de septiembre de 1998; con reformas; artículos 37 y 38.
• Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), DOF 4 de agosto de 1934; última reforma publicada en el DOF el 20 de enero de 2021 conforme al texto consolidado en dof.gob.mx; artículos 6, 61, 164, 181 y Capítulo XIV (Sociedad por Acciones Simplificada, artículos 260 a 270).
• Código de Comercio, DOF 7 de octubre de 1889; con reformas vigentes a 2025.
• Código Fiscal de la Federación, DOF 31 de diciembre de 1981; reformas en materia de beneficiario controlador publicadas en el DOF el 12 de noviembre de 2021, vigentes a partir del 1 de enero de 2022; artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies.
• Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), DOF 11 de diciembre de 2013; con reformas vigentes; artículos 28, fracción XXVII (capitalización delgada); 76, fracción IX y 179 (precios de transferencia); 140 (retención sobre dividendos a residentes en el extranjero).
• Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, DOF 24 de julio de 2007; con reformas vigentes.
• Resoluciones anuales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) publicadas en el DOF al inicio de cada ejercicio fiscal, en materia de umbrales de valor de transacción para efectos del artículo 8 de la LIE; consultar la resolución vigente al momento de cada operación a través de la Dirección General de Inversión Extranjera de la SE.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y reglas de operación del sistema electrónico de la DGIE para el trámite de autorización de denominación social.
• Tratados para evitar la doble imposición suscritos por México, en particular: Convenio México-Estados Unidos de América (DOF 3 de febrero de 1994); Convenio México-Canadá; Convenio México-España; y demás convenios aplicables conforme a la estructura del inversionista. Textos disponibles en el portal del SAT en www.sat.gob.mx.

Criterios Judiciales

• Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: criterio consistente que valida las restricciones sectoriales a la inversión extranjera como medidas de orden público fundadas en el artículo 27 constitucional, compatibles con el derecho a la libertad de empresa reconocido en el artículo 5 constitucional. Los números de tesis específicos no se reproducen en esta publicación al no haber podido ser verificados de manera independiente en el SJF al cierre de edición; los operadores jurídicos deben consultar sjf.scjn.gob.mx con los parámetros: Primera Sala, materia constitucional-económica, artículos 5 y 27 constitucionales, inversión extranjera.
• Tribunales Colegiados del XXVII Circuito (Quintana Roo): criterio en materia de incumplimiento de obligaciones ante el RNIE, en el sentido de que la omisión de inscripción o reporte constituye una infracción administrativa autónoma y no produce la nulidad del acto constitutivo ni de las transmisiones de acciones efectuadas. Este criterio es identificado por IBG Legal a partir de su práctica litigiosa ante el XXVII Circuito en amparos directos en materia mercantil y registral; al no contar con número de tesis publicado formalmente en el SJF verificable al cierre de esta edición, se describe como criterio de aplicación práctica derivado de precedentes del circuito y no como jurisprudencia obligatoria en los términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Para referencia de expedientes específicos, contactar a IBG Legal.

Doctrina

• Barrera Graf, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México.
• Mantilla Molina, Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México, edición actualizada.
• Díaz Bravo, Arturo. Derecho Mercantil. Iure Editores, México.

Fuentes Oficiales

• Diario Oficial de la Federación (DOF): www.dof.gob.mx
• Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera: sistema electrónico de trámites del RNIE y denominaciones sociales, www.economia.gob.mx
• Semanario Judicial de la Federación (SJF), Suprema Corte de Justicia de la Nación: sjf.scjn.gob.mx
• Servicio de Administración Tributaria (SAT), portal de tratados fiscales y cumplimiento de beneficiario controlador: www.sat.gob.mx
• Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo: registros y disposiciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo.